Chile: Un poco de contexto, un poco de retrospectiva

A diferencia de mis anteriores actualizaciones respecto a la situación de mi país, esta va a ser más bien una columna de opinión.

Si me dejan decir esto para empezar, disculpen por el mes (y dos días) de silencio desde mi última actualización. Han pasado muchas cosas en dicho periodo de tiempo. Entre ellas, las dos más notables es la entrega del informe de derecho humanos por Amnistía Internacional, del cual planeo comentar en el siguiente post, y una propuesta de plebiscito para comenzar un proceso constituyente. De este sí voy a hablar.

Un poco de contexto al respecto. Resulta que muchas, sino todas las demandas de las protestas del mes tiene un punto en común. Son demandas sobre el rol del Estado en la sociedad, y particularmente respecto a la alta, altísima segregación socio-económica a la que está sujeta el país. Esto desemboca, o mejor dicho se basa en el actual sistema Chileno, representado, codificado y regulado por nuestra Constitución Política, redactada y firmada en dictadura.

Para fines prácticos, la denominada Constitución del '80 tiene como una de sus principales bases el concepto de estado subsidiario. Esto significa que el Estado de Chile no puede intervenir en la actividad económica de ninguna forma significativa, y tampoco puede proveer o invertir en servicios proveídos por el mercado. Si bien si bien esta definición no está descrita de forma explícita, sí queda reforzada de forma implícita por las 110 páginas de restricciones estatales que no permites otro sistema.

Las consecuencias de este sistema han llevado a que, por ejemplo, el estado no puede administrar los fondos de pensiones. Pero aún así, el ahorro de prevision es obligatorio por ley. Entonces, un ciudadano está obligado a cotizar su retiro a través de una empresa de ahorro e inversión privado. Empresas que, sin regulación estatal, tienen completo control sobre los fondos de retiro que administran, denominadas AFP (asociación de fondos de pensiones), al punto de decidir cómo y cuanto del mismo es devuelto a su dueño original.

Todo esto significa que, al momento de retirarse de la fuerza de trabajo en Chile, el reciente jubilado no tiene acceso a sus propios ahorros. En cambio, la AFP que los administra decide cuanto va a vivir la persona, divide sus fondos en los meses equivalentes a dicha esperanza de vida calculada, y tanto las ganancias por inversión, como los excedentes si la persona muere antes de tiempo, quedan a disposición de la misma AFP. Todo sin ningún eje regulador, o contraparte competitiva.

Ahora, imaginen sistemas de salud, educación, vivienda, servicios sanitarios, y de recursos básicos bajo esa misma lógica. Bienvenidos a Chile, con ingresos promedio del primer mundo, y pobreza extrema del tercero o peor. Todo esto gracias a la Constitución del '80, así que la solución parece obvia, desde mi punto de vista. Esa cosa tiene que terminar, y necesitamos una nueva constitución que responda a los intereses del mercado por encima de los de la Nación.

Aparentemente no es tan obvia, ya que a la fecha solo se registran dos intentos al respecto. El primero por el Presidente Ricardo Lagos Escobar, quien presentó una serie de reformas institucionales en 2005. Dichas reformas fueron del tipo administrativas, como retirar a los Senadores vitalicios y designados del Congreso Nacional, y reducir el periodo presidencial de 6 a 4 años. Lagos pretendía acelerar el proceso legislativo en favor de una nueva constitución retirando a vario Senadores designados por la dictadura, y al mismo Pinochet quien tenía atribuciones de Senador Vitalicio.

Sin embargo, al no referirse a los problemas estructurales de salud y educación que comenzaban a percibirse como urgentes en la época, una opinión popular respecto a las reformas de Lagos es que simplemente legitimaron a la Constitución del '80 en lugar de cerrarla. Sentimiento que se mantuvo en 2006, con las protestas estudiantiles conocidas como la Revolución Pingüina (aludiendo a los uniformes blancos y negros de los y las estudiantes chilenos), de la cual habla un 'veterano' presente.

Las demandas principales fueron respecto a la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza), el Decreto 524 respecto a los centros de alumnos, la gratuidad del pase escolar para educación media (14 a 18 años) y que los establecimientos públicos fuesen administrados directamente por el Estado, en lugar de las municipalidades.

Para todos los efectos, lo que pedimos en ese entonces fue que el Estado de Chile dejase de hacer oídos sordos a los problemas de segregación social en los colegios públicos. Se pidió igualdad de enseñanza, e igualdad de oportunidades para quienes no podíamos optar por la alternativa privada. Y por supuesto, terminar la subvención a establecimientos privados con fondos de educación públicos.

Estas protestas han sido citadas hoy en día como una de las bases de las protestas actuales. De hecho, los estudiantes seguimos protestando por los siguientes cuatro años (2007-2010). Luego, cuando esa generación entró a la universidad entre 2011 y 2013, se unieron a las protestas los centros de estudiantes de universidades, así como el Colegio de Profesores. La presencia de esta generación es visible hoy en los Diputados Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, todos estudiantes de entonces.

Para 2014, las protestas estudiantiles se extendieron a las de trabajadores. Por su parte, también comenzaron las protestas en el sector de salud en 2015, y de pensionados en 2016. Si bien las demandas variaron entre un grupo y otro, dos temas no paraban de repetirse entre ellos; se protestaba en contra de la segregación socio-económica, y se pedía un rol más activo del estado en temas de bienestar social.

En 2017, año de elecciones, la entonces Presidenta Michelle Bachelet Jeria presentó finalmente un proyecto de nueva constitución. Este fue mucho más lejos que el proyecto de Lagos, comenzando desde la base de escribir una constitución completamente nueva. El proceso comenzó el año anterior, con Cabildos abiertos de participación ciudadana, y cerró en julio de 2017 con el ingreso del proyecto constitucional a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. El plan, por supuesto, era su inscripción como documento oficial antes de enviarse al Congreso para su aprobación.

Pero entonces, Sebastián Piñera Echenique ganó la elección presidencial de 2017. Su primer movimiento político oficial de 2018 fue nombrar como ministro del interior a su primo, Andrés Chadwick Piñera como Ministro del Interior y Seguridad Pública. Además del evidente nepotismo, Chadwick fue miembro de la comisión legislativa de la dictadura y estuvo involucrado con la comunidad nazi de Colonia Dignidad.

Después, 2018 quedaría marcado por ser un año en el cual se presentaron pocos o ningún proyecto. Los únicos trámites legislativos del primer semestre fueron los que quedaron de la presidencia anterior. Sin embargo, uno en particular fue completamente ignorado; el de nueva constitución. Para marzo de 2019, lo único aprobado fueron excepciones de impuestos a grandes empresas.

Junto con la percibida falta de productividad, el costo de vida comenzó a subir durante este año. Desde productos básicos, a servicios. El segundo gobierno de Piñera vio su primera controversia mayor cuando ciudadanos descubrieron un alza repentina en el cobro de electricidad. Si bien se explicó que era para renovar los medidores, no se anunció previamente ni se consultó con la ciudadanía. Al final, hizo falta presión de alcaldes y juntas de vecinos para convertir el nuevo servicio en opcional. De nuevo, la falta de regulación en la empresa privada fue un tema discutido.

No más de un mes después, una segunda controversia inicia con la visita diplomática de Piñera a República Popular de China. En ella, los hijos del presidente le acompañaron e incluso entraron a una reunión restringida con el gobierno chino y representantes de empresas, incluyendo a Huawei. Cabe mencionar que ninguno de los hijos de Piñera tiene cargo público. Por ello, se acusó nuevamente de nepotismo al Presidente, así como también de tráfico de influencias.

Y ese es el ambiente en el que se llega a octubre de 2018, mes en el que se aplicó un alza a los precios del transporte público, sin anuncio previo al mismo mes. Si bien esto no llevó a movilizaciones como en otras ocasiones similares, sí llevó a una protesta de otro tipo. Grupos de personas entrarían juntos a una estación de metro-tren, y pasarían en masa los torniquetes, evadiendo el pago de un pasaje que se consideró injusto.

Este, creo yo, es el momento pivotal para entender que clase de mandatario es Piñera, así también como el punto de inflexión en la actual situación socio-política en Chile.

La situación comenzó a escalar cuando Chadwick, en calidad de Ministro del Interior, aumentó la presencia policial de Carabineros en las estaciones de Metro Santiago, con órdenes de evitar la evasión de pasajes. Dicha escalada conllevó a un aumento exponencial dentro de los vagones del metro, inclusive la detonación de bombas lacrimógenas dentro de los vagones, con civiles afectados.

El siguiente paso en la escalada se dio el viernes 18 de octubre de 2019. Sebastián Piñera ordenó el cierre de Metro Santiago a una hora punta (aproximadamente entre las 15:00 y 16:00), y declaró estado de emergencia. El mensaje era claro; el Gobierno de Chile no estaba dispuesto a ceder, y estaba preparado para aplicar la fuerza.

Con lo que no contaron fue con la Nación de Chile, su pueblo, siendo más determinados. Con el transporte público interrumpido, y toques de queda, el pueblo de Chile comenzó a protestar. Las demandas se acumularon desde las protestas estudiantiles de 2006, y destilaban en más igualdad, mejores sistemas de educación, salud y pensiones, aumento del sueldo mínimo y reducción del costo de vida, nacionalización de recursos naturales (en particular el agua), y mayor responsabilidad por parte del estado.

La conclusión a la que se llegó con dichas demandas es que el sistema mismo es el problema. El sistema neoliberal, diseñado y forzado por la dictadura, y que solo logró el enriquecimiento de un sector a costa de la gran mayoría. Por ello hoy, la demanda principal, y en la que desembocan todas las anteriores es una Nueva Constitución. En particular, se pide una Asamblea Constituyente, elegida directamente por los ciudadanos, para asegurar que la nueva constitución no responsa solamente a los intereses de la clase dominante en Chile, sino a los de todas y todos los Chilenos.

A medida que avanzaron las protestas, lo hizo la represión del Estado a través de la brutalidad con la que actúa Carabineros hasta ahora. Un echo emblemático de ello son las más de 200 personas con lesiones oculares que se siguen registrando, todas por el uso de perdigones de metal como armas anti-disturbios por parte de Carabineros. Se suman a ello decenas de denuncias por violación de derechos humanos, y un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional que declara, en efecto, la violación sistemática de derechos humanos del pueblo de Chile por parte del Estado.

De momento, la única propuesta es de un plebiscito para abril de 2019, con dos preguntas: Decidir si se quiere una nueva constitución, y si el proceso es una comisión constituyente o asamblea constituyente. Sin embargo, los partidos de Renovación Nacional (partido de Piñera) y UDI (partido oficial de la dictadura) han empezado a poner nuevas condiciones al mismo, poniendo en duda su legitimidad.

Si alguien quiere conversar el tema en las respuestas, encantado. No solo para tener una perspectiva diferente, sino que simplemente me ayudaría poder hablar de esto sin mayores presiones. Por ello último es que solo pido una conversación. Quien quiera intercambiar videos de YouTube, falacias y propaganda disfrazadas de argumentos, por favor déjeme fuera de ello por ahora. Realmente tengo mejores cosas que hacer, y honestamente le pierdo el respeto rápidamente a los tres casos que acabo de describir.